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EL 6 DE OCTUBRE, EL ESTADO DE GUERRA Y LA FALANGE

de Obras Completas de José Antonio Primo de Rivera

Esta edición digital de las Obras Completas de José Antonio Primo de Rivera reúne todos los textos de José Antonio recopilados por Agustín del Río Cisneros para la edición publicado por el Instituto de Estudios Políticos en 1976.

El 6 de octubre, el estado de guerra y la Falange es un discurso de José Antonio pronunciado en el Parlamento el 25 de enero de 1935.

Este artículo esta incluido en el segundo tomo de las Obras Completas de José Antonio Primo de Rivera que cubre la primera parte de la etapa falangista.


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EL 6 DE OCTUBRE, EL ESTADO DE GUERRA Y LA FALANGE

(Discurso pronunciado en el Parlamento el 25 de enero de 1935.)

El señor secretario (ALFARO) dice así:

A las Cortes.–La prolongación del estado de guerra, en el que, teóricamente, son las autoridades militares depositarias de las más delicadas funciones públicas, está produciendo un deplorable desgaste en el prestigio del Ejército, no porque su actuación desdiga de lo que debe esperarse de él, sino porque, al socaire de un pretendido estado de guerra, las autoridades ordinarias están permitiendo uno de los más completos períodos de anarquía que se recuerda. Si siempre sería grave semejante situación, lo es más cuando, por la prolongación viciosa de un estado de guerra equívoco, viene a redundar en desdoro de las instituciones armadas, a las que, o debe especificarse de todas las atribuciones precisas, o debe eximirse de toda responsabilidad que no sea la suya Por estas consideraciones, los diputados que suscriben tienen el honor de proponer a la Cámara, a título de proposición, no de ley, la adopción del siguiente acuerdo:

"Las Cortes verán con satisfacción el levantamiento inmediato del estado de guerra."

Palacio del Congreso, 18 de diciembre de 1934.–José Antonio Primo de Rivera, Ramón de

Carranza.–Fernando Suárez de Tangil.–Domingo Tejera. –Santiago Fuentes Pila. –Romualdo de

Toledo.–José María Pemán.–Abilio Calderón.–Dionisio Cano López.–Siguen las firmas hasta quince.

El señor PRESIDENTE:

El señor Primo de Rivera, como primer firmante de la proposición que acaba de leerse, tiene la palabra.

El señor PRIMO DE RIVERA:

Acaso desde el punto de vista parlamentario no tenga interés alguno mi intervención esta tarde. Mi minoría en el Parlamento es una minoría reducida a su mínima expresión, y quizá lo que dice minoría tan diminuta no tenga trascendencia dentro del salón en que hablamos; pero si al Gobierno le conviene que se traigan aquí cosas que no interesan sólo a través de la visión, siempre deformada, de los que aquí concurrimos casi cada tarde, sino que interesen fuera de aquí a una masa cada vez más numerosa, cada vez más ganada por el desaliento, el Gobierno debe considerar hasta qué punto es grave que se mantenga durante tanto tiempo el estado de guerra.

Ya sé que desde que se presentó esta proposición hasta ahora el estado de guerra ha sido alzado en media España; pero sigue en vigor en otra media España desde la noche del 6 de octubre de 1934, y esto, además de implicar todas las anomalías, todas las dificultades de que haré brevísima reseña, implica –lo cual es más grave, y lo puedo decir con la imparcialidad de quien no desempeña ningún papel en el actual drama político– una equivocación sustancial en el Gobierno.

El Gobierno sabe perfectamente hasta qué punto le rodearon todas las asistencias con ocasión del 7 de octubre. No hay para qué recordar, porque ya lo he recordado alguna vez, cómo incluso el ímpetu joven de las gentes que me acompañan o me siguen fue el primero que se manifestó, conmigo a la cabeza, en la Puerta del Sol; pero cabalmente para gritar al Gobierno esto: "¡Estáis en una fecha decisiva; tenéis delante una fecha decisiva, de las que pueden sacarse consecuencias inagotables para España!"

El 7 de octubre se produjo una rebelión. Las rebeliones son siempre el resultado, por lo menos, de dos ingredientes el primer ingrediente, difuso, es una inexplicación interior, una falta de razón interna en el régimen vigente, en el estado social, en el estado político vigente. Tiene que haber eso para que, una rebelión se produzca con probabilidades de triunfo; simplemente, para que algunos se lancen a intentar una rebelión tiene que haber un cierto descontento una falta de razón vital de existencia en el régimen contra el cual la rebelión estalla. Esto es indudable; nunca han estallado rebeliones sino contra regímenes que empezaban a caducar. De otra parte, es necesario que exista una minoría enérgica que aprovechando, que captando este estado de desaliento, esta falta de razón interna de subsistencia en el estado político que pretende atacar, se lance al ataque con más o menos fortuna.

Pues bien: frente a estos dos elementos que operan siempre en toda rebelión es preciso que el Estado que se defiende adopte dos actitudes sucesivas: la primera, la de vencer la rebelión de una manera inmediata, de una manera tajante y limpia. Para que esto se lograse fue para lo primero que todos requerimos al Gobierno desde estos escaños, desde las calles o desde las vallas de la Puerta del Sol: para hacerle ver la necesidad de que aquella ocasión de peligro concluyese en una fecha tajante. Hay que conservar el decoro histórico de las fechas; hay que conservar la gracia histórica de las fechas. Es primordial para un Estado el dar contornos precisos, limpios, cortantes a su actuación. Por eso, las fechas que se escriben en las esquinas tienen más sentido que el de conservar una hoja de almanaque; tienen el sentido de decir: en este día empezaron y acabaron, este día separa dos épocas distintas de la vida de un Estado, de un régimen o de un Gobierno.

Muy pocos días después se publicó una hoja –creo que clandestina, aunque la firmaba yo, pero entre otros atractivos de estos días que estamos viviendo está el tener que hacer clandestinas todas las hojas–, en que más o menos se decía: "Hay un riesgo inminente de que esto que ha podido ser una fecha terminante y clara se diluya en una sucesión mediocre de fechas cualesquiera; de que esto se nos vaya de entre los dedos; de que esta alegría colectiva del 7 de octubre se disuelva en una especie de espera y luego de desesperanzas colectivas de todas las fechas que vengan detrás." Así ha sido. A este primer deber de terminar tajantemente la rebelión, de ponerle un desenlace, no cruel, pero sí rápido y limpio, ha faltado el Gobierno por entero. Si se hubiera cumplido ese deber el Gobierno tenía otro: tenía el de contemplar cuáles fueron las causas de sinrazón interna, las razones de falta de consistencia, de justificación interna, que permitieron que una minoría audaz se lanzase al asalto del Poder. El Gobierno debió hacer ese examen de conciencia, como hay que hacerlo siempre al día siguiente de vencer, para saber en qué parte podían tener razón los vencidos e impedir que otros traten de hacer lo que los vencidos no lograron. Y esto cada día lo hace menos el Gobierno; cada día el Gobierno se plantea menos la razón de su propio existir; y al Gobierno no se le oculta, porque en él hay muchas personas extremadamente inteligentes, no se le oculta que España, desde que existe, es y será siempre un quehacer; que España se justifica por una misión que cumplir; que a España no se la puede entregar a temporadas inacabables de ocio, de dispersión, de falta de explicación vital.

Con España no se puede hacer esto; y en realidad el Gobierno debió percatarse de que, quiera o no quiera, es un Gobierno que tiene un origen también revolucionario, y que todo el que se lanza a hacer una revolución se compromete a concluirla; lo que no puede hacer nunca es escamotearla. Naturalmente, a mí la revolución que trajo al Gobierno, la revolución que trajo al régimen del cual es hoy el Gobierno ejecutor, me coge también bastante de fuera; pero es lo cierto que el Gobierno suspendió, buenas o malas, todas las venas internas que la revolución traía y quiso instalarse en un régimen absolutamente falto de todo sentido, y no ya revolucionario, sino conservador; el Gobierno quiso instalarse en un conservadurismo que no envidiarían los más plácidos tiempos de todas las épocas. Contra esto, naturalmente, vino un intento de golpe que, por fortuna para el Gobierno y para todos, se revistió de un carácter antinacional; tuvo la torpeza de enarbolar una bandera separatista, con lo cual suscitó una repulsión instintiva, incluso en las últimas capas populares. El lado proletario del intento se oscureció con esa causa de inhibición; que a cualquier hombre español del pueblo, por muchas propagandas intemacionalistas que le hayan metido en el alma, le repele siempre el agregarse a una bandera de separación antinacional.

Pero, vencida la rebelión, el Gobierno aplaza por días y por semanas y por meses el buscarse otro quehacer; el Gobierno se empeña en subsistir puramente conservándose; hace destino de sí propio el mantenerse en el Poder; no sabemos para qué; seguramente el Gobierno tampoco sabe para qué.

Se están ventilando en el mundo y en España algunas cosas de un volumen histórico, de un volumen político que exigen a toda costa la atención del Gobierno, y ésta es la hora en que no sabemos qué es lo que el Gobierno piensa hacer. Hay dos ejemplos: uno, de orden internacional; otro, de orden interno. Ante los dos ejemplos, la inhibición del Gobierno es igualmente desconcertante. El de orden internacional lo hemos leído en todos los periódicos: tranquilamente, en conferencias públicas de un jefe de Gobierno y de un ministro del Exterior, se está organizando la política del Mediterráneo, se está disponiendo del Mediterráneo y, como si nosotros fuéramos una isla en el océano Pacífico, ésta es la hora en que no tenemos la menor noticia de que el Gobierno se preocupe por reclamar un puesto, en nombre de España, para que sea oída en la organización y en la política del Mediterráneo.

Pero sí esto es el problema más saliente, más sabroso, más picante, en estos días, en orden a la política exterior, tenemos en orden a la política interior, un problema angustioso e inaplazable, que es el problema del paro obrero. Tenemos setecientos mil hombres parados y resulta que frente a la existencia de esos setecientos mil hombres parados, que constituyen con su sola presencia una diatriba contra lo que pretendemos sea la civilización moderna y occidental de España; contra la acusación viviente de esos setecientos mil famélicos, nos encontramos con que se ha desplegado la siguiente política de anuncio: la C.E.D.A. redactó un proyecto, o una proposición de ley, porque no estaba en el Poder entonces, para que se destinasen cien millones al paro obrero. El partido radical dijo: "¿Cien millones a nosotros? Nosotros elaboramos un proyecto para que se apliquen mil millones". Pues ni los cien millones ni los mil millones se han destinado hasta ahora a remediar el paro obrero. En cambio, ya vamos teniendo la consoladora esperanza de que se levanten unos cuantos edificios públicos, quién sabe si necesarios o no, para aplacar en parte el problema obrero. Pero ¿es que cree de veras el Gobierno que los sucesores inmediatos de los que hicieron la revolución del 14 de abril con el anuncio de que iban a implantar un orden social distinto –aspecto en el cual es probable que incluso los adversarios del sentido político del 14 de abril tuvieran que estar conformes–, que los que prometieron una organización económica diferente pueden contentarse con que se alcen unos edificios públicos y crean que con esto se da una solución al problema social? Comprenda el Gobierno que esto, en realidad, no es la justificación de un sistema político, que esto no es la justificación de un régimen.

Pues bien: a falta de cosa más interesante que tenga ya pensada, el Gobierno prolonga indefinidamente la interinidad haciendo habitual lo que es por esencia un instrumento de circunstancia: el estado de guerra. El Gobierno prolonga indefinidamente el estado de guerra, y con esto no sólo aplaza su tarea inexcusable, sino que desgasta su propia autoridad de Gobierno, su propia justificación como Gobierno y de paso, la autoridad y el prestigio del Ejército, al que se está haciendo responsable nominal de todo lo bueno y lo malo que bajo este período ocurra. Triste es reconocer que está siendo bastante lo malo y no es bastante lo bueno Porque si el hecho de que nominalmente las autoridades militares ejerzan las funciones públicas más delicadas promete una mayor disciplina, un mayor rigor en el funcionamiento de esos aspectos públicos, aquí está aconteciendo que bajo el mando nominal del Ejército se está asistiendo a una de las épocas de menos disciplina que se recuerdan.

Voy a contar un caso al señor ministro de la Gobernación. En pleno estado de guerra empezó a proyectarse en los cinematógrafos de Sevilla, como en los de casi toda España, el desfile de las fuerzas militares que habían vencido la rebelión en Asturias; entre las tinieblas de los cinematógrafos empezaron inmediatamente algunos pateos. ¿Sabe el señor ministro de la Gobernación qué medidas adoptaron las autoridades? Prohibir que se proyectasen esas películas. ¿Puede adjudicarse al Ejército; puede, bajo el mando nominal del Ejército, hacerse que la reproducción en cinematógrafo del desfile de las tropas que vencieron la rebelión en Asturias provoque un conflicto y que este conflicto se resuelva con la capitulación de las autoridades, haciendo que la película se retire? Pues todo eso, todas esas claudicaciones, toda la falta de orden, todos los atracos de todos los días se están endosando al Ejército, porque resulta que éste es, nominalmente, con arreglo a la ley de Orden Público, quien está ejerciendo la autoridad, quien está desempeñando las funciones públicas más delicadas en el presente momento español. Pero es que, además, tenemos el gran inconveniente de que esto no es absolutamente así; es decir, que la responsabilidad y el desgaste para el Ejército son únicamente para quienes no estén en el matiz, matiz inasequible, como es de rigor, a la mayor parte de los mortales. Porque después, supongo que por: indicación del Gobierno, las autoridades militares, en casi todos los sitios, han delegado sus funciones en las autoridades civiles, y como resulta que ya las autoridades civiles subalternas ejercen estas funciones, no por delegación normal del Gobierno, sino por delegación local de las autoridades militares, se ha constituido en cada ciudad, en cada provincia de España, no ya un virreinato, sino un reino de taifas, que ejercen, con desigual acierto, las autoridades que, en un sitio o en otro, representan a las autoridades centrales de la República. En Madrid se da el caso bochornoso, el caso intolerable para los ciudadanos que habitamos en la capital, de que estamos bajo el látigo de una especie de tiranuelo colonial, de una especie de corregidor fernandino, superviviente de la época aquella de Fomos y de la cuarta de Apolo, de la época pintoresca de fin de siglo, que es el jefe superior de Policía. El paso de este señor por el cargo de jefe superior de Policía se ha caracterizado por un aumento considerable de las casas de mala nota en Madrid. La concesión de este género de casas estuvo interrumpidas mientras fue jefe superior de Policía don Jacinto Vázquez; apenas entró el señor Muñoz Castellanos, con su larga formación en los cafés, en esa vida agitada, turbulenta, bohemia, en que están, por lo visto, sus gustos, empezaron a florecer por Madrid los prostíbulos que eran un cuento, y con esto, las máquinas sacaperras y los cabarets de primera, segunda y tercera fila. Todo esto es lo que acompaña y calificará para siempre el paso del señor Muñoz Castellanos por la Jefatura Superior de Policía.

Además, este ciudadano, con un criterio, repito, de tiranuelo colonial, de viejo corregidor de aquellos tiempos en que la Policía –hoy Cuerpo disciplinado y admirable, que tiene sobre sí un esfuerzo casi inverosímil, si se considera el número de funcionarios que lo integran– se denominaba la Secreta, con ese aire y con ese estilo, sustancia sus cuestiones personales valiéndose de la Policía; no quiero decir sólo para la protección a tales o cuales personas, sino, incluso, para la adopción de criterios políticos frente a tales o cuales asociaciones y entidades. Nosotros, por nuestra fortuna y para nuestro honor, nos vemos favorecidos por la antipatía constante del señor jefe superior de Policía. Y este jefe superior de Policía, que no ha sabido descubrir ni un número de armas interesantes y que ha hecho una especie de lonja de la prostitución en el caserón de la calle que ahora no me acuerdo cómo se llama, ese señor es el que se ha dado el gusto de que, sin mandamiento judicial, ni orden del director general de Seguridad, ni siquiera de sí mismo, sino por instrucciones verbales, vayan al centro que tenemos en la calle del Marques de Riscal para clausurarlo unas veces, para precintar otras una habitación que quedó abierta y, por último, para que se cierre y precinte un laboratorio, un quirófano, donde no se hace ni puede hacerse otra cosa, porque no es más que un invernadero, que prestar todos los días asistencia gratuita, por los médicos de la Organización, a veinte o treinta enfermos pobres. Este ciudadano ejerce así sus funciones de jefe superior de Policía para perseguir a los que le son antipáticos, no de una manera directa, no aplazando para después el plantear cuestiones personales o romperse la cara a bofetadas, cosa que estaría más acorde con los tiempos de Fomos que a él le gustan, sino usando de los instrumentos del Poder, ilegítimamente, para mortificaciones y represalias.

Y la permanencia de este sujeto en la Jefatura Superior de Policía plantea la siguiente cuestión: Aquí se ha invocado el ejemplo del regicidio de Marsella. Aquel regicidio –se dijo– determinó que fueran destituidas las autoridades policíacas y que el ministro del Interior se destituyera a sí mismo, dimitiendo. Con la autoridad de ese ejemplo, primero, el señor Salazar Alonso, y después, con algunas dificultades, el señor Samper –con lo cual el ejemplo se extendió a un escalón más–, dimitieron. Ahora bien: aunque la gestión de los señores Samper y Salazar Alonso no estuviera adornada de todos los atributos del acierto, es evidente que nadie pretenderá que la obligación de esos señores consistieran en irse a indagar en persona si existían armas o no. Parece que lo que señaló el desacierto del ministro de la Gobernación y del presidente del Consejo de ministros fue el haber elegido mal, desastrosamente mal, como los hechos demostraron, a las autoridades policíacas. Para las funciones específicamente policíacas tenían que descansar el presidente del Consejo de ministros y el ministro de la Gobernación en los directamente encargados de impedir que sobreviviesen –al menos que ocurrieran de una manera imprevista– las cosas que sucedieron en octubre. Pues bien: nosotros extirpamos al señor ministro de la Gobernación y luego al que fue presidente del Consejo de ministros; pero siguen paseándose jacarandosamente por Madrid y haciendo lo que he descrito, con la timidez que me imponen el respeto a la Cámara y la concurrencia de señoras a la tribuna, tanto el director general de Seguridad como este pintoresco jefe superior de Policía.

No quiero hablar de otros aspectos porque creo que van a ser objeto de una de estas proposiciones no de ley; por ejemplo, del ejercicio de la censura. Parece que el acudir a la censura tiene que estar justificado por el sentido de defensa del Estado, del Gobierno o de las instituciones. Yo no me quejaría nunca de la anchura que en esto se diera a la interpretación, pero sé de algunos casos verdaderamente pintorescos. Por ejemplo: en la imprenta donde se edita una revista financiera, de poca circulación, me han enseñado una galerada en que se decía: "Como dice en A B C el ilustre financiero señor Calvo Sotelo..." Claro que el señor Calvo Sotelo pudiera haber emitido alguna opinión de tipo técnico que perjudicase al plan que el Gobierno siguiese respecto de las finanzas, que pudiera, supongamos, constituir, incluso, una indiscreción; pero no: la Censura no ha tachado para nada lo que dijo el señor Calvo Sotelo; lo único que ha tachado ha sido el adjetivo de "ilustre" (Risas) y ha dejado: "Como dice el financiero señor Calvo Sotelo..." (Siguen las risas.) Yo estoy seguro que si el señor Marraco se hubiera enterado de esto, con el mal genio que usa muchas veces, le hubiera dicho al censor cuatro cosas, porque el censor, velando así por disminuir los adjetivos encomiásticos de sus competidores, no hace más que poner en ridículo al señor ministro de Hacienda. (Risas y rumores.)

El señor ministro de la Gobernación, que tiene un amplio sentido humano y que se da cuenta por sí mismo de todas estas cosas con sólo una insinuación, no necesita más acerca de ello. Sabe muy bien que todo esto que digo y todo lo que callo está en el ánimo de todos, y que incluso puede ser objeto de prueba. Así, pues, no voy a insistir más en señalar anomalías de la censura ni extralimitaciones intolerables del jefe superior de Policía. Lo que sí ruego al señor ministro de la Gobernación, y en este ruego envuelvo también al señor ministro de Estado, que me escucha, es que mediten y que transmitan al señor presidente del Consejo de ministros esta consideración. Si en instantes como éste, en que la tremenda debilidad del Gobierno, en que el desaliento que rodea al Gobierno, que puede asfixiar al Gobierno, y al sistema, estriba en que de momento no se percibe ningún enérgico quehacer, no se percibe ninguna misión, ningún rumbo de importancia que justifique el estado actual de las cosas, si en este instante, en que la única mística clara, la única decisión positiva es la de las extremas izquierdas, o si se quiere la de los grupos marxistas, que ésos sí que saben adónde van y lo que se proponen, ¿cumple con su deber patriótico el Gobierno haciendo que se estanquen las ideas, que se ahoguen las propagandas, que no se deje hablar a nadie, aunque se sepa que no le guía otro propósito que el de suscitar un interés nuevo? Vea el Gobierno si en esta época de remanso, en esta época en que la política española se ha encharcado y no tiene salida, obra bien manteniendo nominalmente un estado de guerra para que esa salida no se pueda abrir por ninguna parte. (Muy bien.)

......................

El señor PRIMO DE RIVERA:

Tengo muchos motivos para dar las gracias al señor ministro de la Gobernación, primero, porque ha hecho una cordial justicia a los móviles españoles de mi intervención en éste como en todos los casos, y después, porque, o con manifestaciones expresas o con elocuentísimos silencios, ha reforzado mis argumentos todos. Resulta que para la concreta cristalización del hecho en mis palabras anteriores le señalé algunos lunares en la brillante hoja de servicios del señor jefe superior de Policía, y, en realidad, el señor ministro de la Gobernación, tal vez de una manera prodigiosamente hábil, con toda la gracia andaluza que brilla cuando los andaluces de buena casta hablan en serio, ha extremado mis ataques hasta la crueldad, porque, en realidad, la defensa del señor jefe superior de Policía... (El señor ministro de la Gobernación: "He recordado los servicios de nuestras autoridades de Seguridad.") De nuestras autoridades, sí. En el curso entero de la Historia tenemos autoridades magníficas, pero parece que la autoridad del señor jefe superior de Policía ganó la excedencia funcional el día en que se celebró la asamblea de Acción Popular en un lugar histórico cercano a Madrid. Mi inclinación por la Historia y mi calidad de aprendiz en ella no me han permitido todavía llegar a la última precisión en el estudio de las biografías de los varones ilustres, y por eso tal vez desbarre al rememorar la biografía del señor Muñoz Castellanos; pero, si la memoria no me es totalmente infiel, el señor Muñoz Castellanos hizo su gloriosa entrada en la Dirección General de Seguridad allá por el mes de julio, y la Asamblea de Acción Popular se celebró en el mes de abril. Yo no sé si el señor Muñoz Castellanos habrá recibido mortis causa las glorias de todas las anteriores autoridades españolas (Risas); pero si no ha ocurrido eso, el señor Muñoz Castellanos no puede adornarse, en absoluto, con lo bien que saliera la asamblea de Acción Popular. (El señor ministro de la Gobernación: "Pero sí con lo posterior.") Y lo posterior, que, evidentemente, es muy vario, ha sido comunicado a la Cámara, por boca del señor ministro de la Gobernación, con estas palabras: que es cierto que el ministro de la Gobernación ha tenido noticia de que era verdad cuanto yo decía respecto al aumento de ciertos vicios en las capas inferiores de Madrid. Y el señor ministro de la Gobernación me propone que monte yo personalmente un servicio policíaco para inquirir en qué calles tortuosas se establecen nuevos lugares de esparcimiento. (Risas.) Es decir, señor ministro: que el jefe de Policía debe seguir ejerciendo su sultanato en la Dirección de Seguridad, y yo voy a ir de cuando en cuando al Ministerio de la Gobernación a contar al ministro cuentos verdes. (Nuevas risas. El ministro de la Gobernación: "Me parece que eso es muy andaluz.")

Si el señor ministro de la Gobernación sabía que es cierto cuanto he dicho, creo que el señor jefe superior de Policía, sin más que la defensa que por boca del señor ministro se ha desarrollado aquí esta tarde, tiene muy suficiente para dimitir. Cualquier funcionario puntilloso lo tendría. Ahora bien: las normas aplicables a los funcionarios puntillosos no son siempre aplicables a los elefantes. (Risas.)



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